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Después de la macrodevaluación de la Navidad de 1994, Zedillo planteó como necesidad casi patriótica la tarea de rescatar a los bancos por conducto del Fobaproa. Contaba con el apoyo del PRI pero se opusieron el PAN y el PRD. Era lógico: el país no podría sobrellevar la carga, a menos que atara su futuro a una irremediable pobreza, como ha sucedido. Por otro lado, la Constitución no lo permitía. El panismo nacional se reunió en Puerto Vallarta y selló tres acuerdos: no al Fobaproa, no a usar dinero público para salvar a empresarios privados y no a la impunidad. Un joven michoacano presidía al partido azul, Felipe Calderón. Todavía fue más allá: exigió que se abriera juicio político contra Guillermo Ortiz, el gobernador del Banco de México, y otros involucrados en el megafraude. Sorpresivamente cambió de posición, así que cuando la iniciativa zedillista se llevó a la Cámara de Diputados, recibió luz verde gracias a una de las más vergonzantes negociaciones pripánicas. Años después los empresarios del Fobaproa devolverían el favor a Calderón en su campaña por la Presidencia.

Es preocupante el descontrol que muestran los funcionarios del equipo económico del gobierno federal ante el torbellino. A estas alturas ya puede uno olvidar que Carstens diagnosticó el problema cándidamente cuando dijo que la pulmonía de Estados Unidos sólo tendría sobre nosotros el efecto de un catarrito. Tienen que ir más allá del desconcierto y la parálisis, y presentar ideas que tranquilicen a la gente, antes de que el clima de desconfianza cause males mayores. Crisis de seguridad más crisis económica más una persistente crisis política que se resiste a desaparecer, ¿qué país aguanta? Las malas noticias nunca llegan solas. El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, anunció el nombramiento de Zedillo como jefe de una comisión “para modernizar la gestión de la institución”. Paren el mundo, me bajo en el crucero.